Adrian Ventura

Un manoseo de las instituciones. Así debería calificarse el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar el Código Electoral: el gobierno abrevia a su antojo y necesidad el proceso electoral; anula de un plumazo todo un año legislativo, porque con elecciones en el medio el Congreso tendrá dificultades para sesionar, y pone echa sombra sobre la transparencia de las elecciones.
El proceso electoral. Sólo abreviando los plazos de organización de los comicios establecidos en 2004 se podría cumplir, en forma demasiado ajustada, un calendario electoral que, en una situación de normalidad, requiere meses para la confección de los padrones, para su publicación, para la impresión de boletas, etcétera. Acortar los tiempos, además de restarle tiempo a la oposición, también pone en juego la agilidad del sistema electoral. Los últimos comicios estuvieron sospechados de fraude, por lo menos, en algunos distritos. ¿Tanto apuro y tanta confusión no servirán para encubrir otras trampas?
En lugar de proponer una boleta única, como requirió la oposición y propone Mauricio Macri para la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno hace implosionar el sistema. Si en 2007, los partidos tuvieron dificultades para fiscalizar la elección y faltaron boletas, ¿Cómo harán ahora para conseguir fiscales suficientes, en tan poco tiempo? Los partidos más chicos o con menos organización territorial (por ejemplo, la Coalición Cívica) llevan la de perder. Igual que en 2007.
La oposición demandó que vengan al país veedores electorales. ¿Habrá tiempo para organizar tal supervisión, si es que el país la acepta?
Se pueden sospechar muchos motivos por los que el Gobierno puede haber tomado esta decisión: ¿Teme que la crisis económica se profundice? ¿Acaso el poder territorial de Néstor Kirchner en el conurbano bonaerense se deteriora tan rápidamente que no llegaría intacto a octubre? Muchos intendentes y políticos bonaerenses perciben el derrumbe del kirchnerismo. Pero poner este problema político por delante del proceso electoral del país es sojuzgar las elecciones a una necesidad personal.
Demasiadas dudas, suficientes como para poner en duda la legitimidad de la elección.
El Congreso queda pintado. Antes y después de las elecciones, el Congreso no podrá cumplir adecuadamente su tarea de legislar. Antes de las elecciones, los legisladores estarán inmersos en una campaña electoral acelerada, con lo cual naturalmente descuidarán la tarea legislativa. Pero algo parecido ocurrirá después: en efecto, ¿qué legitimidad y fuerza podrán tener los legisladores que, seis meses antes del vencimiento de su mandato, sepan que deberán abandonar la banca? Si la oposición pierde las legislativas, los legisladores opositores no tendrán ninguna fuerza política. Si el que pierde es el Gobierno, habrá anticipado una crisis.
Por otro lado, ¿podrá el Congreso, en esas condiciones, tomar alguna medida política o económica de fondo, por ejemplo, para enfrentar una crisis que se agudiza día a día?
Violación de la República. El adelantamiento de elecciones tiene sentido en un sistema parlamentario, donde el líder político, frente a una crisis política o económica, necesita tomar medidas que el Parlamento no acepta. En ese caso, puede anticipar las elecciones, de modo de poner en crisis al Parlamento mismo y, si los legisladores pierden las elecciones, entonces sale fortalecido el primer ministro. Ese no es el sistema argentino, donde el Congreso debe controlar y contrapesar al Poder Ejecutivo.
Este manoseo institucional, en una república presidencialista, es inadmisible y una abierta violación del sistema.